Integrantes de diversos colectivos de búsqueda e investigación independiente se manifestaron en la capital del estado para exigir agilidad y transparencia en los protocolos de localización de personas desaparecidas. Las voceras de los grupos civiles señalaron que la cifra acumulada de reportes por privación ilegal de la libertad en Sinaloa supera los 6,500 registros desde el recrudecimiento de la pugna interna entre facciones del crimen organizado.
Esta estimación contrasta con los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuya estadística reconoce poco más de 4,000 carpetas de investigación activas. Los colectivos destacaron que la discrepancia radica en el subregistro provocado por familias que prefieren no interponer denuncias formales ante el Ministerio Público por temor a represalias directas en las comunidades rurales.
En el marco de la presentación del balance de seguridad, la administración estatal reconoció que la problemática de las desapariciones representa uno de los retos institucionales más complejos. Se enfatizó que las estrategias de contención y prevención “no darán resultados de la noche a la mañana”, pero aseguraron que se han fortalecido los presupuestos operativos de la Comisión Estatal de Búsqueda y del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para acelerar los trabajos de identificación genética.
