En septiembre de 2017, tras los devastadores sismos que azotaron el centro y sur de México, Andrés Manuel López Obrador, entonces líder de Morena, lanzó una iniciativa que parecía noble: el fideicomiso “Por los demás”. Una cuenta en Banco Afirme (133121765, CLABE 06210001331217652) para recibir donaciones de militantes y ciudadanos, con una meta inicial de 103 millones de pesos. El dinero, prometía, se entregaría directamente a damnificados en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México. Un comité de figuras públicas —Laura Esquivel, Elena Poniatowska, Paco Ignacio Taibo II— avalaba la transparencia.
Los hechos contaron otra historia. El Instituto Nacional Electoral investigó y encontró irregularidades graves: más de 44 millones de pesos en efectivo (prohibido por el contrato y las normas electorales), depósitos “hormiga” sospechosos (28 transferencias de 50 mil pesos en apenas 20 minutos por operadores cercanos a Morena), y desvío de recursos hacia candidatos, legisladores y estructuras partidistas. El INE multó a Morena con 197 millones de pesos por financiamiento paralelo ilegal, dio vista a la FGR, SAT y CNBV por posibles delitos electorales, fiscales y de lavado. Aunque el TEPJF revocó parcialmente la sanción, la opacidad quedó como herida abierta: nunca hubo una rendición pública detallada, peso por peso, de la entrega directa a las víctimas.
Casi nueve años después, el 14 de marzo de 2026, el ahora expresidente reaparece en redes con un llamado similar, pero internacional. Invita a depositar en una cuenta de **Banorte** (1358451779, a nombre de la asociación civil **Humanidad con América Latina**) para ayudar al “pueblo de Cuba” ante lo que describe como intentos de “exterminio” por el bloqueo estadounidense. Los fondos comprarían alimentos, medicinas, petróleo y gasolina. La asociación, integrada por “ciudadanos, escritores y periodistas”, promete entrega directa.
El contexto es real: Cuba atraviesa una crisis energética y alimentaria extrema. México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ha enviado ya varios cargamentos humanitarios vía Armada (más de 3,000 toneladas reportadas hasta marzo 2026, con buques como el ARM Papaloapan y Huasteco llevando leche, frijol, medicinas e insumos). Díaz-Canel ha agradecido públicamente y negado que las donaciones se vendan en tiendas en divisas; el gobierno cubano afirma distribución a vulnerables con “triple auditoría”.
Sin embargo, el patrón genera escepticismo legítimo. Reportes independientes y denuncias en redes señalan que parte de la ayuda oficial mexicana termina en manos de estructuras militares o se comercializa en dólares, no llega gratis al pueblo. La nueva cuenta no es un fideicomiso político ni partidista, pero carece (hasta ahora) de mecanismos independientes de fiscalización pública. Nadie ha auditado aún los movimientos, y el antecedente de 2017 pesa: ¿qué garantiza que esta vez sea diferente?
La verdadera ayuda no se mide en declaraciones emotivas, sino en transparencia verificable: informes detallados, auditorías externas, publicación de beneficiarios.
En un país donde la desconfianza hacia las instituciones y los líderes es alta, pedir dinero sin rendir cuentas claras no es solo imprudente: es irresponsable. La solidaridad genuina no necesita vergüenza ajena ni olvido conveniente del pasado. Requiere hechos, no solo buenas intenciones. Porque, como en 2017, al final siempre queda la misma pregunta: ¿a dónde fue realmente el dinero?
