El choque político en el ayuntamiento
El ambiente político al interior del Ayuntamiento de Culiacán se encendió de manera notable tras las declaraciones de la regidora Erika Sánchez Martínez. La funcionaria cuestionó de forma pública y enérgica la capacidad operativa y política de la administración municipal sustituta para hacer frente a la compleja crisis de seguridad, servicios públicos y gobernabilidad que arrastra la demarcación. Sánchez Martínez manifestó su abierta inconformidad con la línea de continuidad que ha mantenido el actual gobierno local, criticando lo que consideró una “falta de rumbo claro” y una aparente desconexión entre las prioridades del gobierno y las urgencias cotidianas que padece la ciudadanía culiacanense.
La regidora Erika Sanchez Martinez criticó severamente el hecho de que, mientras la capital del estado atraviesa por momentos de profunda tensión social y parálisis comercial parcial en diversos sectores debido a los hechos delictivos, la agenda de la alcaldesa sustituta se vuelque de manera prioritaria hacia la atención de eventos protocolarios, inauguraciones y actos públicos de corte mediático. A decir de la funcionaria, la administración municipal ha adoptado un rol meramente pasivo, delegando la responsabilidad total de la crisis a las esferas estatal y federal, en lugar de asumir un liderazgo proactivo en la reconstrucción del tejido social y el apoyo directo a los sectores económicos locales afectados.
EJE DE LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO LOCAL
• Priorización de eventos mediáticos sobre la crisis real.
• Falta de apoyos emergentes al comercio formal e informal.
• Opacidad en los presupuestos destinados a bacheo y agua.
• Debilidad institucional en las sindicaturas periféricas.
La exigencia de un plan de emergencia económica y social
Las demandas vertidas en el seno del cabildo no se limitaron al diagnóstico de la inseguridad. Sánchez Martínez urgió a la implementación inmediata de un plan de contingencia municipal que contemple estímulos fiscales locales, la condonación temporal de ciertos derechos comerciales a los pequeños empresarios del centro de la ciudad y las sindicaturas, y una reingeniería del presupuesto para priorizar la infraestructura básica.
Por su parte, los regidores alineados con el bloque oficialista defendieron la gestión de la alcaldesa, argumentando que se trabaja de manera institucional y sin descanso en la regularización de servicios como la recolección de basura y la iluminación de colonias populares, los cuales presentan rezagos históricos. Este enfrentamiento discursivo evidencia la profunda polarización que vive la política culiacanense, donde la gestión de la cotidianidad urbana se ha vuelto un terreno de disputa de cara a los próximos reacomodos institucionales en el estado.
