CIUDAD DE MÉXICO.— Tras la sentencia a cadena perpetua dictada en Nueva York contra Ismael “El Mayo” Zambada, la presidenta Claudia Sheinbaum pardo informó este martes durante su conferencia matutina que ha solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) evaluar las vías legales para reclamar o acceder a parte de los bienes decomisados al capo por la justicia estadounidense.
El tribunal del Distrito Este de Nueva York fijó una orden de decomiso por más de 15,000 millones de dólares. Ante esta cifra, el Ejecutivo federal busca determinar si existen bases jurídicas dentro de los acuerdos bilaterales de asistencia legal para que una proporción de esos activos sea devuelta al Estado mexicano.
El escenario judicial tras el juzgamiento de las cúpulas del crimen organizado internacional ha entrado en una nueva fase de confrontación diplomática e institucional. Luego de que la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York dictara sentencia de cadena perpetua en contra de Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, el fallo incluyó una orden de decomiso financiero (forfeiture order) por un monto estimado en 15,000 millones de dólares.
La magnitud de la cifra recaudable por las autoridades estadounidenses generó una reacción inmediata en la política nacional. Durante la conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno federal ha instruido a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Cancillería mexicana a iniciar una revisión técnica exhaustiva para reclamar legalmente el retorno o la restitución proporcional de esos recursos al erario mexicano.
El argumento central vertido por el Ejecutivo federal radica en que los ilícitos, las operaciones de narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia asociada a las actividades del grupo criminal afectaron de manera directa al territorio y a la población mexicana durante más de cuatro décadas. Por ello, la administración sostiene que la totalidad de los bienes e inmuebles incautados no debe quedar exclusivamente bajo el control o usufructo de las arcas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
“Es un asunto de justicia soberana y de restitución de daños. Si los delitos se cometieron en nuestro territorio y afectaron a comunidades mexicanas, la riqueza generada por esas actividades ilícitas debe regresar al país para invertirse en programas sociales e infraestructura pública,” afirmó la mandataria ante los medios de comunicación.
La postura oficial marca una continuidad corregida con respecto a procesos anteriores, como el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, donde las órdenes de incautación pecuniaria dictadas por tribunales neoyorquinos no derivaron en un flujo efectivo de recursos hacia México debido a lagunas operativas en la cooperación bilateral y a la falta de reclamaciones formales estructuradas en tiempo y forma.
El proceso para lograr que un tribunal extranjero comparta o devuelva fondos decomisados a organizaciones criminales es sumamente complejo y está sujeto a estrictos protocolos del derecho internacional. La FGR, bajo la conducción de las fiscalías especializadas en asuntos internacionales y extinción de dominio, encabeza la estrategia jurídica que buscará hacer valer la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo).
De acuerdo con especialistas en derecho internacional público, la Convención de Palermo establece en su Artículo 14 que los Estados parte que presten cooperación en la incautación o el decomiso del producto del delito podrán considerar con carácter prioritario la restitución de dichos bienes al Estado requirente, de modo que este pueda indemnizar a las víctimas o revertir el impacto de la actividad criminal.
Adicionalmente, México buscará invocar los convenios bilaterales de asistencia jurídica mutua (MALT) firmados entre México y Estados Unidos. Sin embargo, la vía estadounidense presenta obstáculos procesales rígidos, ya que las leyes federales de extinción de dominio (Asset Forfeiture Actions) otorgan al Departamento de Justicia una amplia discrecionalidad para decidir si comparte un porcentaje del dinero incautado con los países aliados que hayan colaborado directamente en la investigación o captura.
Un aspecto crítico en la disputa legal es que gran parte de los 15,000 millones de dólares calculados por la fiscalía neoyorquina no corresponden a dinero en efectivo localizado en cuentas bancarias identificadas, sino a una estimación matemática del valor total de la droga introducida a Estados Unidos a lo largo de la trayectoria del capo. Por lo tanto, el trabajo de la FGR consistirá en ubicar bienes reales, propiedades, empresas fachada y cuentas financieras congeladas susceptibles de ser liquidadas.
En el ámbito interno, la instrucción presidencial activa una serie de procedimientos interinstitucionales en los que intervienen la FGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Dicha articulación tiene como meta consolidar un inventario único de los activos vinculados a Ismael Zambada y su red familiar en suelo mexicano.
La FGR iniciará carpetas de extinción de dominio sobre aquellos inmuebles, ranchos, vehículos de lujo, aeronaves y cuentas bancarias localizadas en estados como Sinaloa, Sonora, Jalisco y la Ciudad de México que permanezcan con aseguramientos precautorios. La intención del Gobierno federal es que los bienes ubicados en territorio nacional pasen de forma expedita a la administración del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
El INDEP sería el encargado de subastar y monetizar los bienes recuperados, destinando el dinero a municipios de alta marginación y al fortalecimiento de los cuerpos de seguridad locales mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
No obstante, el reto radica en la red de prestanombres y esquemas financieros complejos utilizados por la organización para ocultar la titularidad real de las propiedades. La UIF trabaja en el rastreo de sociedades anónimas, empresas agrícolas y cadenas comerciales que presuntamente fueron utilizadas para el blanqueo de capitales durante las últimas tres décadas.
El titular de la FGR ha señalado que se integrará un grupo de trabajo especializado de fiscales que viajará a Washington para coordinar acciones con la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (AFMLS) del Departamento de Justicia de EE. UU., buscando que la cooperación judicial no sea de una sola vía.
El reclamo mexicano sobre los activos decomisados a “El Mayo” Zambada se produce en un contexto delicado de la relación bilateral en materia de seguridad, justicia y combate al narcotráfico. La detención y posterior juzgamiento del capo han sido motivo de un continuo intercambio de posturas entre ambas naciones respecto a los métodos de cooperación e intercambio de inteligencia.
Analistas en materia de seguridad nacional apuntan que este reclamo económico puede convertirse en un punto de negociación política en las mesas de trabajo de alto nivel sobre seguridad. Mientras Estados Unidos presiona por un incremento en la erradicación de precursores químicos y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de fentanilo, México exige mayor reciprocidad en la frenada al tráfico ilegal de armas de fuego provenientes de territorio estadounidense y la democratización en la repartición de fondos incautados.
El debate también pone de relieve las asimetrías de los sistemas judiciales. Mientras Estados Unidos logra sentencias severas con acuerdos de culpabilidad y decomisos multimillonarios basados en testimonios de cooperadores, en México los procesos de extinción de dominio suelen demorar años debido a amparos y recursos legales promovidos por las defensas de los acusados.
La SRE ha dejado claro que la solicitud formal de México no busca entorpecer los canales de comunicación de las agencias de aplicación de la ley, sino establecer un precedente claro sobre el destino de las fortunas generadas por la delincuencia organizada transnacional. La Cancillería enfatizó que la diplomacia mexicana mantendrá una postura de firmeza legal amparada en los tratados vigentes.
El antecedente inmediato de esta controversia se remonta a los casos de otros líderes criminales extraditados y juzgados en el extranjero. Historias anteriores demuestran que, sin una estrategia coordinada desde el primer día de la detención, los recursos terminan integrándose a los presupuestos de las agencias federales estadounidenses como la DEA, el FBI o el Servicio de Alguaciles (US Marshals).
Para evitar que este escenario se repita, el equipo legal de la FGR prevé interponer recursos amicus curiae o peticiones formales de intervención en la etapa de ejecución de la sentencia en la corte de Nueva York. Sin embargo, procesalmente existe el desafío de demostrar de forma fehaciente ante un juez estadounidense qué porcentaje específico del dinero decomisado proviene de actividades que generaron un daño directo en territorio mexicano.
A nivel político y mediático, el anuncio realizado en la mañanera ha generado posturas encontradas entre diversos sectores. Mientras que legisladores del partido oficial respaldan la medida al considerarla un acto de dignidad nacional y soberanía, figuras de la oposición han señalado que el Gobierno primero debe demostrar capacidad técnica para asegurar la totalidad de los bienes de la delincuencia organizada que operan impunemente dentro de las fronteras mexicanas.
El desenlace de esta petición marcará un hito en la historia de la cooperación judicial transfronteriza entre México y Estados Unidos. Si la FGR logra un acuerdo favorable de distribución de activos (asset sharing), se abrirá una vía inédita para la recuperación de fortunas criminales en favor de las arcas públicas. De lo contrario, el caso reafirmará las limitaciones operativas que enfrenta México ante el sistema judicial del vecino país del norte.
Durante los próximos días, la FGR presentará un primer avance de la ruta crítica legal que seguirá ante los tribunales y dependencias del gobierno estadounidense, fijando los plazos en los que se formalizará el reclamo hacendario internacional.
