Mocorito, Sinaloa.- Con el compromiso de mantener un contacto directo con la ciudadanía, la diputada local del PAN, Roxana Rubio Valdez, recorrió el municipio de...
Navolato, Sinaloa.- Como parte de sus recorridos por los municipios de Sinaloa, la diputada local del PAN, Roxana Rubio Valdez, visitó el centro de Navolato, donde sostuvo un diálogo directo con comerciantes para conocer de primera mano los retos que enfrentan y compartir las propuestas de Acción Nacional para fortalecer la economía local.
Durante su recorrido por los negocios del primer cuadro de la ciudad, comerciantes expresaron su preocupación por la disminución en las ventas, la incertidumbre económica y las dificultades que enfrentan para mantener abiertos sus establecimientos y conservar las fuentes de empleo.
Roxana Rubio señaló que el comercio es uno de los principales motores de la economía de los municipios, por lo que resulta indispensable generar condiciones que permitan a las familias emprender, invertir y trabajar con tranquilidad.
“Cada negocio representa el esfuerzo de una familia que todos los días sale adelante con mucho trabajo. Nuestra responsabilidad es escuchar sus necesidades y construir propuestas que les permitan crecer, generar empleo y recuperar la confianza para seguir invirtiendo”, expresó.
La legisladora explicó que las propuestas que impulsa Acción Nacional buscan respaldar a quienes generan empleo y mueven la economía, mediante políticas que promuevan un entorno más seguro, incentiven la inversión, fortalezcan a las pequeñas y medianas empresas y brinden mejores oportunidades para las familias.
Finalmente, Roxana Rubio reiteró que continuará recorriendo los municipios de Sinaloa para mantener un diálogo cercano con los distintos sectores productivos, convencida de que escuchar a quienes todos los días sostienen la economía local es fundamental para construir soluciones que respondan a la realidad de las y los sinaloenses.
Culiacán, Sinaloa, 22 de julio de 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) se coloca al frente de las preferencias electorales en Sinaloa rumbo a la elección de gobernador de 2027, de acuerdo con la más reciente encuesta elaborada por Arias Consultores y difundida por Político MX y Polls.mx.
Ante la pregunta “Si hoy fueran las elecciones para gobernador del estado de Sinaloa, ¿por qué partido político votarías?”, el PAN obtuvo el 28.7 por ciento de las preferencias, ubicándose en el primer lugar.
En segundo sitio se encuentra Morena con 25.6 por ciento, seguido del PRI con 24.0 por ciento. Más atrás aparecen Movimiento Ciudadano con 14.6 por ciento, el PT con 1.0 por ciento y el Partido Verde con 0.9 por ciento. El porcentaje de personas indecisas fue de 5.4 por ciento.
Este resultado coloca al PAN como la fuerza política con mayor respaldo ciudadano en Sinaloa de cara a la contienda por la gubernatura de 2027, superando por más de tres puntos porcentuales a Morena.
La medición fue realizada por Arias Consultores mediante 600 entrevistas telefónicas aplicadas del 11 al 12 de julio de 2026, con un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de ±4.0 por ciento. La encuesta fue publicada el 21 de julio de 2026 y difundida por los portales especializados Político MX y Polls.mx.
TAPACHULA, CHIAPAS.— En una operación combinada de vigilancia marítima y aérea, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) interceptaron una embarcación de alta velocidad a varias millas náuticas de las costas de Chiapas, logrando el decomiso de un cargamento superior a 1.5 toneladas de presunta cocaína y la detención de cinco tripulantes.
El operativo se desplegó tras la detección de la nave por parte de los sistemas de radar de la Armada de México. Tras una persecución en aguas del Pacífico, personal naval abordó la embarcación, donde se localizó el cargamento distribuido en decenas de bultos impermeables.
Tanto los detenidos como el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Tapachula para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Este operativo se suma a acciones simultáneas ejecutadas en el estado de Sonora contra el tráfico de sustancias sintéticas.
CIUDAD DE MÉXICO.— Tras la sentencia a cadena perpetua dictada en Nueva York contra Ismael “El Mayo” Zambada, la presidenta Claudia Sheinbaum pardo informó este martes durante su conferencia matutina que ha solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) evaluar las vías legales para reclamar o acceder a parte de los bienes decomisados al capo por la justicia estadounidense.
El tribunal del Distrito Este de Nueva York fijó una orden de decomiso por más de 15,000 millones de dólares. Ante esta cifra, el Ejecutivo federal busca determinar si existen bases jurídicas dentro de los acuerdos bilaterales de asistencia legal para que una proporción de esos activos sea devuelta al Estado mexicano.
El escenario judicial tras el juzgamiento de las cúpulas del crimen organizado internacional ha entrado en una nueva fase de confrontación diplomática e institucional. Luego de que la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York dictara sentencia de cadena perpetua en contra de Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, el fallo incluyó una orden de decomiso financiero (forfeiture order) por un monto estimado en 15,000 millones de dólares.
La magnitud de la cifra recaudable por las autoridades estadounidenses generó una reacción inmediata en la política nacional. Durante la conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno federal ha instruido a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Cancillería mexicana a iniciar una revisión técnica exhaustiva para reclamar legalmente el retorno o la restitución proporcional de esos recursos al erario mexicano.
El argumento central vertido por el Ejecutivo federal radica en que los ilícitos, las operaciones de narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia asociada a las actividades del grupo criminal afectaron de manera directa al territorio y a la población mexicana durante más de cuatro décadas. Por ello, la administración sostiene que la totalidad de los bienes e inmuebles incautados no debe quedar exclusivamente bajo el control o usufructo de las arcas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
“Es un asunto de justicia soberana y de restitución de daños. Si los delitos se cometieron en nuestro territorio y afectaron a comunidades mexicanas, la riqueza generada por esas actividades ilícitas debe regresar al país para invertirse en programas sociales e infraestructura pública,” afirmó la mandataria ante los medios de comunicación.
La postura oficial marca una continuidad corregida con respecto a procesos anteriores, como el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, donde las órdenes de incautación pecuniaria dictadas por tribunales neoyorquinos no derivaron en un flujo efectivo de recursos hacia México debido a lagunas operativas en la cooperación bilateral y a la falta de reclamaciones formales estructuradas en tiempo y forma.
El proceso para lograr que un tribunal extranjero comparta o devuelva fondos decomisados a organizaciones criminales es sumamente complejo y está sujeto a estrictos protocolos del derecho internacional. La FGR, bajo la conducción de las fiscalías especializadas en asuntos internacionales y extinción de dominio, encabeza la estrategia jurídica que buscará hacer valer la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo).
De acuerdo con especialistas en derecho internacional público, la Convención de Palermo establece en su Artículo 14 que los Estados parte que presten cooperación en la incautación o el decomiso del producto del delito podrán considerar con carácter prioritario la restitución de dichos bienes al Estado requirente, de modo que este pueda indemnizar a las víctimas o revertir el impacto de la actividad criminal.
Adicionalmente, México buscará invocar los convenios bilaterales de asistencia jurídica mutua (MALT) firmados entre México y Estados Unidos. Sin embargo, la vía estadounidense presenta obstáculos procesales rígidos, ya que las leyes federales de extinción de dominio (Asset Forfeiture Actions) otorgan al Departamento de Justicia una amplia discrecionalidad para decidir si comparte un porcentaje del dinero incautado con los países aliados que hayan colaborado directamente en la investigación o captura.
Un aspecto crítico en la disputa legal es que gran parte de los 15,000 millones de dólares calculados por la fiscalía neoyorquina no corresponden a dinero en efectivo localizado en cuentas bancarias identificadas, sino a una estimación matemática del valor total de la droga introducida a Estados Unidos a lo largo de la trayectoria del capo. Por lo tanto, el trabajo de la FGR consistirá en ubicar bienes reales, propiedades, empresas fachada y cuentas financieras congeladas susceptibles de ser liquidadas.
En el ámbito interno, la instrucción presidencial activa una serie de procedimientos interinstitucionales en los que intervienen la FGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Dicha articulación tiene como meta consolidar un inventario único de los activos vinculados a Ismael Zambada y su red familiar en suelo mexicano.
La FGR iniciará carpetas de extinción de dominio sobre aquellos inmuebles, ranchos, vehículos de lujo, aeronaves y cuentas bancarias localizadas en estados como Sinaloa, Sonora, Jalisco y la Ciudad de México que permanezcan con aseguramientos precautorios. La intención del Gobierno federal es que los bienes ubicados en territorio nacional pasen de forma expedita a la administración del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
El INDEP sería el encargado de subastar y monetizar los bienes recuperados, destinando el dinero a municipios de alta marginación y al fortalecimiento de los cuerpos de seguridad locales mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
No obstante, el reto radica en la red de prestanombres y esquemas financieros complejos utilizados por la organización para ocultar la titularidad real de las propiedades. La UIF trabaja en el rastreo de sociedades anónimas, empresas agrícolas y cadenas comerciales que presuntamente fueron utilizadas para el blanqueo de capitales durante las últimas tres décadas.
El titular de la FGR ha señalado que se integrará un grupo de trabajo especializado de fiscales que viajará a Washington para coordinar acciones con la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (AFMLS) del Departamento de Justicia de EE. UU., buscando que la cooperación judicial no sea de una sola vía.
El reclamo mexicano sobre los activos decomisados a “El Mayo” Zambada se produce en un contexto delicado de la relación bilateral en materia de seguridad, justicia y combate al narcotráfico. La detención y posterior juzgamiento del capo han sido motivo de un continuo intercambio de posturas entre ambas naciones respecto a los métodos de cooperación e intercambio de inteligencia.
Analistas en materia de seguridad nacional apuntan que este reclamo económico puede convertirse en un punto de negociación política en las mesas de trabajo de alto nivel sobre seguridad. Mientras Estados Unidos presiona por un incremento en la erradicación de precursores químicos y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de fentanilo, México exige mayor reciprocidad en la frenada al tráfico ilegal de armas de fuego provenientes de territorio estadounidense y la democratización en la repartición de fondos incautados.
El debate también pone de relieve las asimetrías de los sistemas judiciales. Mientras Estados Unidos logra sentencias severas con acuerdos de culpabilidad y decomisos multimillonarios basados en testimonios de cooperadores, en México los procesos de extinción de dominio suelen demorar años debido a amparos y recursos legales promovidos por las defensas de los acusados.
La SRE ha dejado claro que la solicitud formal de México no busca entorpecer los canales de comunicación de las agencias de aplicación de la ley, sino establecer un precedente claro sobre el destino de las fortunas generadas por la delincuencia organizada transnacional. La Cancillería enfatizó que la diplomacia mexicana mantendrá una postura de firmeza legal amparada en los tratados vigentes.
El antecedente inmediato de esta controversia se remonta a los casos de otros líderes criminales extraditados y juzgados en el extranjero. Historias anteriores demuestran que, sin una estrategia coordinada desde el primer día de la detención, los recursos terminan integrándose a los presupuestos de las agencias federales estadounidenses como la DEA, el FBI o el Servicio de Alguaciles (US Marshals).
Para evitar que este escenario se repita, el equipo legal de la FGR prevé interponer recursos amicus curiae o peticiones formales de intervención en la etapa de ejecución de la sentencia en la corte de Nueva York. Sin embargo, procesalmente existe el desafío de demostrar de forma fehaciente ante un juez estadounidense qué porcentaje específico del dinero decomisado proviene de actividades que generaron un daño directo en territorio mexicano.
A nivel político y mediático, el anuncio realizado en la mañanera ha generado posturas encontradas entre diversos sectores. Mientras que legisladores del partido oficial respaldan la medida al considerarla un acto de dignidad nacional y soberanía, figuras de la oposición han señalado que el Gobierno primero debe demostrar capacidad técnica para asegurar la totalidad de los bienes de la delincuencia organizada que operan impunemente dentro de las fronteras mexicanas.
El desenlace de esta petición marcará un hito en la historia de la cooperación judicial transfronteriza entre México y Estados Unidos. Si la FGR logra un acuerdo favorable de distribución de activos (asset sharing), se abrirá una vía inédita para la recuperación de fortunas criminales en favor de las arcas públicas. De lo contrario, el caso reafirmará las limitaciones operativas que enfrenta México ante el sistema judicial del vecino país del norte.
Durante los próximos días, la FGR presentará un primer avance de la ruta crítica legal que seguirá ante los tribunales y dependencias del gobierno estadounidense, fijando los plazos en los que se formalizará el reclamo hacendario internacional.
CIUDAD DE MÉXICO.— Las delegaciones técnicas del Gobierno de México y la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) formalizaron este lunes el arranque de las mesas de trabajo previas a la revisión general del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezó la recepción del equipo negociador estadounidense en las instalaciones de la dependencia en la capital del país. Durante el encuentro inicial, el titular de Economía destacó que México llega con una postura firme enfocada en fortalecer las cadenas de suministro regionales, dar certidumbre a la inversión manufacturera y resolver los diferendos pendientes en materia agropecuaria y reglas de origen automotriz.
En un ambiente marcado por la expectativa de los mercados internacionales y la presión de los sectores industriales de Norteamérica, las delegaciones técnicas del Gobierno de México y la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) dieron inicio formal este lunes a las mesas de trabajo preparatorias de cara a la revisión obligatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El encuentro, celebrado en la sede central de la Secretaría de Economía en la Ciudad de México, estuvo liderado por el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard Casaubon, quien recibió a la comitiva técnica estadounidense encabezada por representantes de alto nivel del comercio bilateral. El objetivo central de esta primera ronda de conversaciones de tres días es establecer un diagnóstico operativo sobre los flujos comerciales de los últimos seis años, evaluar el impacto de las disputas vigentes en el sector energético y agropecuario, y definir la hoja de ruta metodológica que guiará las negociaciones trilaterales formales.
Durante su mensaje inaugural ante los medios de comunicación y empresarios del sector privado que integran el llamado “Cuarto de Junto”, el secretario Ebrard enfatizó que México llega a este proceso con una posición de fortaleza macroeconómica y como el principal socio comercial de Estados Unidos. Señaló que la postura de la administración federal no se limitará a la defensa del statu quo del acuerdo comercial, sino que buscará perfeccionar las cadenas regionales de suministro frente a la competencia del bloque asiático.
“El T-MEC ha demostrado ser el motor de integración económica más dinámico del planeta. Las mesas que abrimos hoy no son para revisar si el tratado continúa o no, sino para definir cómo lo hacemos más competitivo, más justo y más resistente ante los choques geopolíticos globales”, afirmó el funcionario mexicano ante la delegación técnica de la USTR.
La relevancia de estas mesas de trabajo radica en la cláusula de revisión del tratado (sunset clause), la cual estipula que al cumplirse el sexto año de vigencia del acuerdo —hito que se alcanza en este 2026—, las tres naciones firmantes deberán realizar una evaluación integral para confirmar la extensión del tratado por otros 16 años o, en su defecto, iniciar revisiones anuales para subsanar los puntos de fricción entre las partes.
REGLAS DE ORIGEN Y SECTOR AUTOMOTRIZ
Uno de los ejes más complejos y de mayor debate técnico dentro de la agenda de negociación iniciada este lunes es la interpretación y aplicación de las reglas de origen en la industria automotriz. Este sector, considerado la espina dorsal del comercio intra-regional, exige un valor de contenido regional (VCR) del 75% para que los vehículos ligeros puedan transitar libres de arancel entre los tres países miembro.
Sin embargo, las discrepancias sobre el cálculo metodológico de dicho porcentaje continúan generando fricciones entre la Casa Blanca y la Secretaría de Economía. Mientras que México y Canadá han impulsado la aplicación estricta del fallo del panel arbitral emitido previamente a favor de una interpretación más flexible sobre los componentes esenciales (motores, transmisiones y sistemas de suspensión), los inspectores comerciales de Estados Unidos mantienen una postura proteccionista que busca restringir las importaciones de insumos provenientes de terceros países, en particular de China.
A este escenario se suma la creciente preocupación de Washington por la presencia de capitales e inversiones del sector automotriz chino en plantas mexicanas. Durante la sesión matutina de este lunes, los comisionados comerciales estadounidenses enfatizaron la necesidad de implementar mecanismos de supervisión y filtros de inversión extranjera directa (IED) coordinados a nivel regional, con el fin de evitar que componentes producidos fuera del bloque regional ingresen al mercado norteamericano bajo la cobertura de las preferencias del T-MEC.
Por su parte, la representación mexicana sostuvo que el país cumple de forma rigurosa con la normativa legal y la verificación de origen de los insumos. Fuentes cercanas a la negociación indicaron que la comitiva nacional presentó un informe detallado que demuestra cómo las plantas instaladas en Bajío, el Norte y el Centro de México han incrementado su proveeduría local y la compra de acero y aluminio fundido en la región norteamericana, superando los parámetros mínimos exigidos por el texto firmado originalmente.
El debate automotriz no se limita a la fabricación tradicional de combustión interna; la transición hacia la electromovilidad y el ensamblaje de baterías de litio también han entrado de lleno en la mesa de discusión. México busca que los incentivos tributarios y subsidios para la producción de vehículos eléctricos abarquen a toda la cadena de valor integrada en Norteamérica, evitando esquemas unilaterales de subsidio que distorsionen la competencia leal en la región.
DISPUTAS AGROPECUARIAS Y LA AGENDA ENERGÉTICA
El segundo gran bloque de discusión abordado en la jornada del lunes corresponde a las divergencias en el sector agropecuario y la política energética nacional. La delegación de la USTR reiteró las preocupaciones de los productores del Medio Oeste estadounidense respecto a las políticas mexicanas sobre la importación de maíz genéticamente modificado y el uso de agroquímicos en la producción de alimentos.
En este ámbito, los representantes técnicos del Gobierno de México argumentaron que las disposiciones sanitarias y bioseguridad adoptadas por la Secretaría de Agricultura y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías responden a criterios científicos de protección a la salud pública y salvaguarda de la biodiversidad autóctona del maíz. No obstante, la representación mexicana mostró disposición para continuar con mesas de diálogo técnico que permitan certificar la inocuidad del grano destinado al uso industrial y forrajero, evitando interrupciones en las cadenas de suministro que afecten a la industria ganadera mexicana.
En materia energética, el equipo estadounidense insistió en solicitar igualdad de condiciones operativas para los inversionistas privados en el mercado eléctrico y de hidrocarburos. Las discusiones se centraron en la regulación del acceso a las redes de transmisión operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en la agilización de permisos por parte de los órganos reguladores del sector.
A su vez, la delegación mexicana puso sobre la mesa la preocupación por los esquemas de inspección fronteriza intensiva aplicados de forma unilateral por autoridades locales en estados del sur de Estados Unidos, argumentando que dichas medidas generan cuellos de botella logísticos que contravienen los principios de facilitación del comercio estipulados en el Capítulo 7 del tratado.
EL ROL DEL SECTOR PRIVADO Y EL “CUARTO DE JUNTO”
A la par de las reuniones a puerta cerrada entre los diplomáticos y funcionarios comerciales de ambas naciones, el sector empresarial mexicano ha desplegado una intensa agenda de acompañamiento a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), integrando el mecanismo de consulta permanente conocido como el “Cuarto de Junto”.
Representantes de los principales gremios industriales del país sostuvieron encuentros paralelos con el equipo de la Secretaría de Economía para evaluar el comportamiento de las exportaciones y señalar los sectores prioritarios que requieren blindaje legal en el proceso de revisión. Entre las industrias con mayor representación destacan la textil, la siderúrgica, la electrónica, la médica y la agroalimentaria.
El presidente del CCE enfatizó en rueda de prensa posterior al inicio de los trabajos que el sector privado considera fundamental que la revisión del acuerdo preserve la neutralidad tributaria, simplifique los trámites aduaneros e incorpore de manera decidida capítulos enfocados en el comercio digital, la ciberseguridad y la integración de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en las cadenas globales de valor.
“El T-MEC no debe ser visto como un campo de batalla de disputas puntuales, sino como la herramienta estratégica más poderosa que tenemos para hacer frente a la relocalización global de empresas (nearshoring). Cada barrera no arancelaria o trámite burocrático redundante que logremos eliminar beneficia directamente al empleo formal en nuestros países”, declaró el líder patronal mexicano.
El sector manufacturero mexicano ha enfatizado que la certidumbre jurídica emanada del marco normativo del T-MEC es el factor determinante para mantener el flujo constante de inversiones hacia los parques industriales del norte y centro del país. De ahí que la exigencia de la iniciativa privada mexicana sea cerrar filas con las autoridades federales para evitar cualquier modificación sustancial al texto del tratado que ponga en riesgo el acceso preferencial al mercado más grande del mundo.
PERSPECTIVAS, HOJA DE RUTA Y PROYECCIONES MACROECONÓMICAS
El desarrollo de esta primera ronda de mesas técnicas representa apenas el paso inicial de un extenso proceso de negociación que se prolongará a lo largo del año. De acuerdo con el calendario acordado entre la Secretaría de Economía y la USTR, los grupos de trabajo mantendrán sesiones virtuales y presenciales alternadas entre la Ciudad de México y Washington D.C., con la meta de redactar un informe conjunto de diagnóstico que será presentado a los titulares del Gabinete Comercial de ambos países antes de que concluya el año.
Desde una perspectiva macroeconómica, la estabilidad de los mercados financieros y la cotización del peso mexicano en los últimos días reflejan una expectativa moderadamente optimista sobre el resultado de estas conversaciones. Los analistas financieros coinciden en que la voluntad mostrada por ambas administraciones para sentarse a la mesa de trabajo de manera anticipada mitiga los riesgos de volatilidad cambiaria o de anuncios unilaterales de aranceles punitivos.
Sin embargo, el camino hacia la revisión formal estará condicionado por la dinámica política interna de los países firmantes. La necesidad de conciliar los intereses de las comunidades agrícolas, los sindicatos manufactureros y las empresas tecnológicas obligará a las delegaciones a actuar con prudencia y diplomacia técnica.
México llega a esta negociación respaldado por cifras récord en sus niveles de exportación e integración productiva con el socio del norte. No obstante, los retos en materia de infraestructura logística, disponibilidad de agua, generación de energía limpia y seguridad en los corredores carreteros continúan siendo variables internas fundamentales que el país deberá atender simultáneamente para maximizar los beneficios del acuerdo comercial.
Las mesas de trabajo continuarán a lo largo de este martes y miércoles con el desglose de los temas de servicios financieros, propiedad intelectual y mecanismos de solución de controversias estado-estado. Los resultados formales de esta primera ronda técnica serán difundidos mediante una declaración conjunta emitida por la Secretaría de Economía y la USTR al cierre de las jornadas de trabajo.
La propuesta del Acción Nacional busca tipificar el delito de cohabitación forzada en Sinaloa con penas de 8 a 15 años de prisión, fortaleciendo la protección de niñas y adolescentes.
Culiacán, Sinaloa.- Con el respaldo de la activista y defensora de los derechos de las mujeres indígenas, Eufrosina Cruz Mendoza, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la iniciativa “Niñas, No Esposas”, una propuesta para armonizar el Código Penal del Estado de Sinaloa con el Código Penal Federal y tipificar el delito de cohabitación forzada.
La iniciativa propone incorporar al Código Penal del Estado el delito de cohabitación forzada, para sancionar a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u ofrezca la unión de una persona menor de edad o de una persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo. La propuesta contempla penas de ocho a quince años de prisión, además de mil a dos mil quinientos días multa, incrementándose hasta en una mitad cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, o cuando el delito se cometa mediante violencia física, psicológica o sexual.
La iniciativa fue presentada por la diputada Roxana Rubio Valdez y el diputado Jorge Antonio González Flores, quienes señalaron que la protección de las niñas, niños y adolescentes ha sido una prioridad en su agenda legislativa, por lo que esta reforma representa un paso más para garantizar el interés superior de la niñez.
Durante la presentación, Roxana Rubio reconoció la trayectoria de Eufrosina Cruz Mendoza, al destacar que su historia de vida y su lucha han sido fundamentales para visibilizar una realidad que durante muchos años permaneció normalizada en distintas regiones del país y para impulsar reformas que hoy protegen a miles de niñas mexicanas.
La legisladora explicó que, aunque el matrimonio infantil está prohibido en México, aún existen uniones informales que colocan a niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, alejándolas de la escuela, limitando su desarrollo y exponiéndolas a distintos tipos de violencia. Recordó que en Sinaloa alrededor del 15 por ciento de los nacimientos corresponden a madres adolescentes y que, de acuerdo con el INEGI, 27 mil 800 adolescentes indígenas de entre 12 y 17 años se encontraban casadas o unidas en México, mientras que la Organización de las Naciones Unidas ubica al país como el octavo con mayor incidencia de matrimonio infantil en el mundo.
Por su parte, Eufrosina Cruz Mendoza agradeció el respaldo del Grupo Parlamentario del PAN por llevar esta iniciativa al Congreso de Sinaloa y afirmó que cada estado que armoniza su legislación representa una oportunidad más para proteger a las niñas de una práctica que les arrebata su infancia, su libertad y su proyecto de vida.
Destacó que la tipificación del delito de cohabitación forzada ya ha sido aprobada en 15 entidades del país, por lo que hizo un llamado a las y los diputados de todas las fuerzas políticas a respaldar esta propuesta para que Sinaloa se sume a ese esfuerzo nacional.
Señaló que las leyes deben estar del lado de las niñas y no de quienes justifican estas prácticas bajo el argumento de las costumbres o las tradiciones, porque ninguna niña debe ser obligada a vivir como esposa ni a renunciar a sus sueños desde temprana edad.
Con la iniciativa “Niñas, No Esposas”, el Grupo Parlamentario del PAN refrendó su compromiso de seguir impulsando reformas que fortalezcan la protección de la niñez y garanticen a las niñas una vida libre de violencia y con mayores oportunidades de desarrollo.
Mocorito, Sinaloa.- Con el compromiso de mantener un contacto directo con la ciudadanía, la diputada local del PAN, Roxana Rubio Valdez, recorrió el municipio de Mocorito para escuchar de primera mano las necesidades de las familias y compartir las propuestas que Acción Nacional impulsa para construir un mejor futuro para México.
Durante su visita, la legisladora dialogó con habitantes de la cabecera municipal, quienes expresaron sus principales preocupaciones en temas como seguridad, salud, economía familiar, servicios públicos y oportunidades para las nuevas generaciones.
Roxana Rubio señaló que escuchar a la ciudadanía es fundamental para impulsar propuestas que respondan a la realidad que viven las familias sinaloenses, por lo que estos recorridos permiten fortalecer una agenda cercana a la gente y basada en sus verdaderas necesidades.
“Las mejores decisiones se toman escuchando a las personas. Por eso estamos recorriendo cada municipio, porque queremos conocer de viva voz qué les preocupa, qué necesitan y qué esperan de quienes los representamos”, expresó.
La diputada explicó que las propuestas que Acción Nacional promueve buscan atender las principales demandas de las y los mexicanos, con soluciones enfocadas en mejorar la seguridad, fortalecer el sistema de salud, generar oportunidades de empleo, apoyar a las familias y recuperar la tranquilidad en el país.
Finalmente, Roxana Rubio reiteró que continuará visitando los municipios de Sinaloa para mantener un diálogo permanente con la ciudadanía, convencida de que solo trabajando de la mano con la gente es posible construir un estado y un país con más oportunidades para todos.
Badiraguato, Sinaloa.- Como parte de su recorrido por los municipios de Sinaloa, la diputada local Roxana Rubio Valdez visitó Badiraguato para dialogar con las familias y presentar las 111 Soluciones para México, un proyecto impulsado por el Partido Acción Nacional que recoge las principales propuestas y necesidades de la ciudadanía.
Durante el encuentro, la legisladora destacó que este ejercicio tiene como propósito escuchar de primera mano a las y los sinaloenses para fortalecer una agenda que atienda temas prioritarios como la seguridad, la salud, la economía, la educación y el desarrollo de las familias.
“Las mejores soluciones nacen cuando escuchamos a la gente. Por eso estamos recorriendo Sinaloa, porque queremos construir un mejor futuro de la mano de las y los ciudadanos”, expresó.
Roxana Rubio señaló que Badiraguato tiene un gran potencial y que sus habitantes merecen más oportunidades y mejores condiciones para salir adelante, por lo que Acción Nacional continuará visitando cada municipio para enriquecer las 111 Soluciones para México con las ideas y planteamientos de la población.
Finalmente, reafirmó que el PAN seguirá construyendo una agenda cercana a la ciudadanía, con propuestas reales y viables que respondan a los retos que enfrentan las familias sinaloenses y de todo el país.
Culiacán, Sinaloa.- La diputada local Roxana Rubio se colocó como la panista con mayor respaldo ciudadano rumbo a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Sinaloa, al alcanzar 22 por ciento de las preferencias en la encuesta más reciente de Trend, correspondiente a junio de 2026.
De acuerdo con el estudio, Rubio supera por siete puntos porcentuales a Eduardo Ortiz, quien obtuvo 15 por ciento, y por ocho puntos a la dirigente estatal del PAN, Wendy Barajas, que registró 14 por ciento. El 49 por ciento de los encuestados respondió “otros”, “no sabe” o “no contestó”.
La medición también refleja un crecimiento sostenido de la legisladora en los últimos meses. Mientras en enero obtuvo 15 por ciento de las preferencias, en febrero registró 14 por ciento, en marzo 15 por ciento y en mayo 14 por ciento, para junio alcanzó 22 por ciento, su mejor resultado en lo que va del año y el porcentaje más alto entre los perfiles panistas evaluados.
Estos resultados se presentan en un contexto en el que distintos liderazgos del PAN han intensificado su presencia en el estado con encuentros ciudadanos, recorridos y posicionamientos sobre temas como seguridad, economía y servicios públicos, de cara al proceso electoral de 2027, en el que se renovará la gubernatura de Sinaloa.
La encuesta de Trend fue levantada vía telefónica del 15 al 29 de junio de 2026 entre 978 personas mayores de 18 años en todo el estado. El ejercicio reporta un margen de error de ±3.78 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento.
Mazatlán, Sinaloa, a 11 de julio de 2026.- Con el objetivo de presentar las “111 Soluciones para México”, proyecto impulsado por Acción Nacional para atender los principales retos del país, la diputada local del PAN, Roxana Rubio Valdez, encabezó un encuentro ciudadano con vecinos de la colonia Montuosa, en Mazatlán.
Durante la reunión, la legisladora escuchó las inquietudes de las y los asistentes sobre temas como la seguridad, la economía familiar, el acceso a los servicios de salud y las oportunidades de desarrollo, además de atender diversas gestiones planteadas por los ciudadanos.
Roxana Rubio señaló que estos encuentros permiten mantener un diálogo directo con la población para conocer sus necesidades y compartir las propuestas que Acción Nacional impulsa para construir un mejor México.
“Queremos que las familias conozcan las propuestas que Acción Nacional está construyendo para México. Creemos que las mejores soluciones también nacen de escuchar a la gente, de conocer lo que viven todos los días y de trabajar junto con ellos”, expresó.
La diputada destacó que el PAN impulsa una agenda enfocada en fortalecer la seguridad, mejorar el sistema de salud, impulsar la economía familiar, generar más oportunidades y combatir la corrupción mediante propuestas viables y con visión de futuro.
Finalmente, reiteró que continuará realizando encuentros ciudadanos en distintos municipios de Sinaloa para presentar las “111 Soluciones para México”, escuchar a la ciudadanía y atender de manera cercana sus inquietudes y gestiones.
