LOS MOCHIS, SINALOA.— El Servicio Meteorológico Nacional, en estrecha coordinación con el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa (PC), emitió un comunicado de emergencia ante la previsión de lluvias puntuales muy fuertes a intensas que podrían dejar acumulados de hasta 150 milímetros en diversas regiones de la geografía estatal. El fenómeno climático viene acompañado de una paradoja ambiental, ya que las precipitaciones convergerán con sensaciones térmicas sofocantes provocadas por una persistente onda de calor.

De acuerdo con el radar meteorológico institucional, los mayores focos de riesgo por anegamientos e inundaciones repentinas se ubican en el corredor carretero que conecta a los municipios de Los Mochis y Guasave, donde las recientes tormentas ya han provocado severas reducciones de visibilidad y problemas viales de consideración para los operadores del transporte de carga y particulares.

Asimismo, las costas sinaloenses registran un incremento notable en el oleaje, el cual alcanza estimaciones de entre 1.5 y 2.5 metros de altura, obligando a las capitanías de puerto a restringir actividades de navegación menor en Mazatlán y Topolobampo. La saturación de humedad en el ambiente, calculada por encima del 95 por ciento, ha provocado que la población experimente condiciones climáticas de extrema incomodidad física.

Protección Civil instó formalmente a la ciudadanía a abstenerse de cruzar arroyos, ríos o vialidades que presenten corrientes de agua acumulada, recordando que las descargas eléctricas asociadas a estas tormentas aumentan el peligro de accidentes mortales. Los cuerpos de rescate locales se reportan en sesión permanente y listos para intervenir en colonias consideradas como zonas de alta vulnerabilidad hidrológica.

CULIACÁN, SINALOA.— Las cifras del reporte de incidencia delictiva volvieron a encender los focos de alerta en la entidad. En su balance correspondiente a las últimas 24 horas, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) confirmó el deceso de cuatro personas por hechos de violencia extrema, así como la formalización de denuncias por el despojo ilegal de cuatro vehículos de motor en distintos puntos geográficos.

Los sucesos reportados por la dependencia encargada de procurar justicia ponen de manifiesto que las hostilidades y los delitos patrimoniales continúan impactando de forma recurrente a los municipios de la zona centro y sur. Entre las bajas confirmadas por las autoridades judiciales se cuentan incidentes perpetrados en zonas urbanas y suburbanas, donde los perpetradores emplearon armas de fuego de calibres diversos previo a darse a la fuga sin que los operativos de contención lograran detenciones inmediatas.

En lo relativo al robo de vehículos, el modus operandi mantiene un patrón caracterizado por el uso de la fuerza y la intercepción en vías de comunicación relevantes. De acuerdo con fuentes policiales, este tipo de ilícitos no solo afecta el patrimonio de la ciudadanía, sino que guarda un estrecho vínculo con la movilidad interna de las células delictivas que operan en los márgenes de las cabeceras municipales.

La Fiscalía estatal informó que agentes de la Dirección de Investigación Criminal ya se encuentran abocados a la integración de las respectivas carpetas de investigación. Peritos especializados recopilaron los indicios balísticos y testimoniales necesarios en las escenas de los crímenes con el propósito de esclarecer los motivos detrás de las agresiones directas y fincar responsabilidades.

CULIACÁN, SINALOA.— En una sesión que marca el inicio de una de las etapas institucionales más vigiladas del estado, las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) en Sinaloa dieron por inauguradas formalmente las actividades correspondientes al Proceso Electoral Federal 2026-2027. El anuncio, emitido desde la junta local de la capital del estado, se da bajo un clima social complejo donde las demandas ciudadanas exigen certidumbre democrática y condiciones idóneas de pacificación.

Los consejeros del organismo subrayaron el compromiso inquebrantable de la institución por actuar bajo un estricto apego al profesionalismo, la transparencia y el marco constitucional que regula la materia. De igual forma, hicieron hincapié en que se trabajará de manera infatigable para estructurar las secciones electorales, capacitar a los ciudadanos que operarán las casillas y asegurar que el padrón electoral mantenga los estándares necesarios de actualización.

A pesar de los discursos enfocados en la solidez técnica y la madurez organizativa del arbitraje, las reacciones ciudadanas no se hicieron esperar en el ámbito digital. Representantes sociales y analistas locales coincidieron en que el reto de esta contienda no estriba exclusivamente en la logística de las urnas, sino en garantizar una atmósfera donde tanto candidatos como votantes ejerzan sus libertades políticas sin presiones exógenas.

Hacia el futuro inmediato, el calendario contempla el inicio de las tareas de fiscalización y planeación interna que definirán las dinámicas partidistas en los próximos meses, donde el panorama local estará sometido a un riguroso examen sobre su estabilidad y su capacidad para desahogar elecciones ordenadas y plenamente representativas.

Advierten que no se puede legislar de espaldas a las familias ni ignorar las prioridades de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Diputados del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado cuestionaron el intento de Morena de aprobar en fast track la llamada Ley LGBT+, al considerar que incorpora una agenda ideológica en temas sensibles como la educación y la formación de niñas, niños y adolescentes.

En conferencia de prensa, la diputada Roxana Rubio Valdez dejó claro que Acción Nacional no cuestiona el derecho de ninguna persona a vivir con dignidad, sin discriminación y libre de violencia, pero sí la intención de impulsar una agenda particular bajo el argumento de los derechos humanos.

“Nadie está cuestionando el derecho de cualquier persona a vivir con dignidad, sin discriminación y libre de violencia. Eso está fuera de discusión. Lo que cuestionamos es que, bajo el argumento de los derechos humanos, se pretenda avanzar en una agenda particular y política”, señaló.

Por su parte, el diputado Jorge González Flores cuestionó que la propuesta contemple programas, acciones y medidas diferenciadas que implicarían recursos públicos, cuando existen necesidades urgentes que requieren atención en Sinaloa.

“¿Por qué para estos temas sí hay prisa y para la seguridad, la educación, la salud o el campo no?”, cuestionó, al señalar que existen iniciativas relacionadas con estas áreas que permanecen en la congeladora del Congreso.

Los legisladores panistas también señalaron como preocupante que organizaciones de la sociedad civil hayan solicitado formalmente un ejercicio de Parlamento Abierto para analizar la propuesta y que dicha petición no fuera atendida por la mayoría legislativa.

Aunque la iniciativa fue retirada del orden del día, Rubio Valdez advirtió que Acción Nacional mantendrá su postura y continuará defendiendo el derecho de los padres de familia a participar en la formación de sus hijos, la libertad de las familias y una verdadera igualdad ante la ley.

“Vamos a seguir defendiendo el derecho de los padres a participar en la formación de sus hijos, la libertad de las familias y una verdadera igualdad ante la ley”, puntualizó.

Culiacán, Sinaloa.- A dos años del inicio de la violencia que ha marcado la vida de Sinaloa, el Grupo Parlamentario del PAN advirtió que el estado no puede acostumbrarse a vivir entre homicidios, desapariciones, robo de vehículos, negocios cerrados y familias que tienen miedo de salir a las calles.

La coordinadora de la bancada panista, Roxana Rubio Valdez, señaló que el saldo de estos dos años no puede reducirse a una cifra, porque detrás de cada asesinato hay una familia, detrás de cada persona desaparecida hay una madre que sigue esperando y detrás de cada negocio que cerró hay empleos y familias que perdieron una fuente de ingresos.

Roxana Rubio señaló que, de acuerdo con el balance más reciente de los reportes periodísticos sobre la violencia en Sinaloa, se acumulan alrededor de 3 mil 700 homicidios dolosos, más de 4 mil 400 personas privadas de la libertad y más de 12 mil vehículos robados desde el inicio de esta crisis. A este saldo se suma el impacto económico: más de 5 mil empresas cerradas y alrededor de 27 mil empleos formales perdidos, de acuerdo con cifras de Coparmex.

Roxana Rubio señaló que uno de los saldos más dolorosos de estos dos años son los menores que han perdido la vida. Alrededor de 180 niñas, niños y adolescentes han sido asesinados durante este periodo. Entre ellos están Juan Alejandro, de apenas un año y cuatro meses; Alexa, de 7 años; Leidy, de 11; Alexander, de 9, y Gael, de 12 años.

“Los nombres y las edades de estos menores no deben perderse entre las estadísticas. Son niños que deberían estar creciendo con sus familias y no formar parte del saldo de una violencia que lleva dos años golpeando a Sinaloa”, lamentó.

En ese sentido, Roxana Rubio aseveró que después de dos años no basta con anunciar operativos o presentar cifras cuando las familias siguen viviendo con miedo. La seguridad tiene que sentirse en las calles, en las escuelas, en los negocios y en cada comunidad.

Por su parte, el diputado Jorge Antonio González Flores habló desde una preocupación personal por lo que está viviendo Culiacán. Señaló que le duele ver en lo que se ha convertido su ciudad, pensar en las familias que viven con miedo y, sobre todo, imaginar que sus propios hijos puedan crecer en un lugar donde salir, jugar o simplemente vivir tranquilos ya no sea algo que se dé por hecho.

El legislador del PAN afirmó que no quiere que sus hijos crezcan pensando que vivir con miedo es normal, ni que esta realidad termine convirtiéndose en algo cotidiano para una nueva generación de sinaloenses.

Consideró que este segundo aniversario también debe llevarnos a preguntarnos qué estamos haciendo para cambiar las cosas y qué más se puede hacer desde las instituciones para recuperar la seguridad y la tranquilidad que Sinaloa necesita.

Finalmente, Jorge González sostuvo que Sinaloa no puede resignarse a esta realidad y que es momento de tomar decisiones para cambiar el rumbo. Las familias merecen volver a vivir sin miedo y los niños merecen crecer en un estado donde la violencia no determine su manera de vivir.

“Ajustes estructurales y blindaje financiero de cara al 15 de noviembre”

CULIACÁN, SINALOA.— En los pasillos del Palacio de Gobierno de Sinaloa, el ritmo político ha tomado una velocidad frenética. La administración interina, encabezada por la gobernadora Graciela Domínguez Nava, ha dado el banderazo de salida formal a los trabajos de recopilación, análisis y consolidación de datos que darán forma al Quinto Informe de Gobierno de la entidad. El mandato de la ley es inflexible: el documento formal deberá ser entregado físicamente ante la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado el próximo 15 de noviembre de 2026. Sin embargo, más allá del mero trámite burocrático, esta entrega representa el primer gran examen de control de daños, fiscalización y transparencia bajo la conducción del nuevo liderazgo interino.

La batuta operativa de este esfuerzo ha sido asignada a la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Yeraldine Bonilla Valverde. En una reunión de carácter urgente y privado celebrada en el Tercer Piso del complejo gubernamental, Bonilla Valverde convocó a la totalidad del gabinete legal y ampliado. La instrucción fue unánime, directa y carente de matices: todas y cada una de las dependencias estatales, desde las secretarías de mayor peso presupuestal hasta los organismos descentralizados, deben someter sus indicadores de gestión a un proceso riguroso de auditoría interna preliminar antes de plasmar las cifras en los borradores oficiales.

El contexto en el que se confecciona este informe es inédito en la historia política contemporánea de Sinaloa. La llegada de la gobernadora interina Domínguez Nava tras el relevo en el Poder Ejecutivo local obligó a una reconfiguración de las prioridades del Estado. Por ello, este Quinto Informe no se limitará a ser un espejo de las metas alcanzadas en los meses previos; tendrá que fungir como una bisagra explicativa que detalle cómo recibió la administración la nueva titular del Ejecutivo, qué programas se mantuvieron bajo criterios de continuidad institucional y cuáles áreas requirieron intervenciones o reingenierías de emergencia debido a las condiciones de seguridad y estabilidad social que imperan en la región.

Durante las mesas de trabajo técnicas, que comenzaron a sesionar de manera permanente, los secretarios de despacho recibieron carpetas de evaluación con criterios específicos de rendición de cuentas. Se priorizará la transparencia en el ejercicio del gasto público enfocado en programas sociales, infraestructura hospitalaria y los fondos destinados al fortalecimiento de las policías municipales y estatales. Fuentes internas del Ejecutivo señalaron que la consigna es “cero simulaciones”, sabiendo que la LXV Legislatura del Congreso local ejercerá una revisión sumamente minuciosa del documento.

Desde el Poder Legislativo, las diferentes bancadas políticas ya esperan el desglose presupuestal y operativo. Los diputados de la mayoría parlamentaria y la oposición han coincidido en que el ejercicio de glosa del informe —las comparecencias de los secretarios de Estado que ocurren de manera posterior a la entrega del documento— no será un día de campo. Los temas álgidos que concentrarán el debate político serán el destino de los subejercicios presupuestales, la efectividad del gasto en los municipios serranos y las partidas extraordinarias que se tuvieron que activar para mitigar los impactos económicos colaterales derivados de las contingencias de seguridad pública.

Con el reloj en contra, el gabinete estatal ha entrado en un periodo de “sesión permanente”. El aparato burocrático de Sinaloa se enfrenta al desafío de demostrar que el cambio de timón en el Ejecutivo no detuvo la marcha de las instituciones, y que la entrega del 15 de noviembre será el reflejo de un estado que busca certidumbre política, pulcritud administrativa y, sobre todo, legitimidad democrática ante sus ciudadanos.

CULIACÁN. Una nueva ola de enfrentamientos y agresiones directas estremeció los municipios de Culiacán y Mazatlán en las últimas horas. De acuerdo con reportes de las corporaciones locales y la Fiscalía General de la República, la entidad sumó múltiples homicidios dolosos derivados de choques entre civiles armados y elementos de las fuerzas federales.

El clima de inseguridad mantiene en alerta a la población civil e intensificó los patrullajes urbanos tras registrarse también el robo con violencia de al menos ocho vehículos en la capital sinaloense en un solo día. Las autoridades reforzaron el despliegue operativo para contener los focos de violencia activa.

Los Mochis, Sinaloa.- Sinaloa vive del campo, pero hoy quienes durante generaciones han trabajado la tierra están llegando a un punto que debería preocuparnos a todos: los productores ya no quieren sembrar y hasta las tierras se están quedando sin quien las rente, advirtió la diputada local del PAN, Roxana Rubio Valdez.

En el norte del estado, explicó, la renta de las tierras se ha desplomado. Terrenos que antes se rentaban en alrededor de 20 mil pesos al año, hoy apenas llegan a 4 mil. No porque la tierra haya dejado de servir, sino porque cada vez son menos los productores dispuestos a asumir el riesgo de sembrar.

Los números también muestran la dimensión del problema. En 2025, el valor de la producción agrícola de Sinaloa cayó 32 por ciento, mientras los productores solicitaron 7 mil millones de pesos para comercializar el maíz y únicamente se aprobaron 640 millones.

“Ni siquiera uno de cada diez pesos que necesitaban los productores fue aprobado. ¿Cómo quieren que el campo salga adelante si los recursos no alcanzan y además llegan tarde?”, cuestionó.

Rubio Valdez señaló que Morena también ha desaparecido programas que durante años ayudaron a producir, tecnificar y comercializar el campo, como PROAGRO Productivo, Fomento a la Agricultura, Apoyos a la Comercialización, Concurrencia con las Entidades Federativas y Productividad y Competitividad Agroalimentaria, que en conjunto llegaron a representar más de 15 mil millones de pesos.

Y los pocos apoyos que permanecen, agregó, tampoco representan certeza para quienes trabajan la tierra. Son menos recursos, no alcanzan para todos y llegan tarde. Un ejemplo son los más de 24 mil productores que tuvieron que esperar para recibir los apoyos correspondientes a su maíz.

“Eso es lo que Morena le está dejando al campo: tierras sin quien las rente, productores que ya no quieren sembrar y familias que viven con la incertidumbre de no saber si su trabajo les va a alcanzar para el siguiente ciclo”, afirmó.

La diputada panista advirtió que esta crisis ocurre además en medio de la violencia que azota a Sinaloa y que ha hecho todavía más difícil trabajar, producir y vivir en distintas regiones del estado.

“Mientras ellos presumen cifras desde un escritorio, aquí en Sinaloa hay productores preguntándose si vale la pena volver a sembrar. Esa es la realidad que el gobierno actual no quiere reconocer”, concluyó.

CULIACÁN, SINALOA — Elementos de las fuerzas armadas e integrantes del Gabinete de Seguridad Federal, en coordinación con las autoridades locales, lograron el aseguramiento de más de 16 toneladas de metanfetamina durante operativos tácticos desplegados en la región central de Sinaloa. El decomiso fue destacado a nivel internacional por agencias antidrogas debido a la magnitud del volumen interceptado.

A la par de estos decomisos masivos de drogas sintéticas, la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración y destrucción de más de 900 kilogramos de diversos narcóticos y sustancias químicas esenciales en instalaciones especializadas. Dentro de estas acciones contra la delincuencia organizada en Mazatlán y Culiacán, la dependencia federal procedió también con el desmantelamiento y destrucción de 223 máquinas tragamonedas ilegales aseguradas en cateos recientes.

El gobierno estatal respaldó los operativos e informó sobre la entrega de 36 nuevas patrullas y 500 equipos de radiocomunicación blindados distribuidos a corporaciones de 17 municipios, con el objetivo de elevar el nivel de respuesta y protección del personal policial desplegado en campo.