“Ajustes estructurales y blindaje financiero de cara al 15 de noviembre”
CULIACÁN, SINALOA.— En los pasillos del Palacio de Gobierno de Sinaloa, el ritmo político ha tomado una velocidad frenética. La administración interina, encabezada por la gobernadora Graciela Domínguez Nava, ha dado el banderazo de salida formal a los trabajos de recopilación, análisis y consolidación de datos que darán forma al Quinto Informe de Gobierno de la entidad. El mandato de la ley es inflexible: el documento formal deberá ser entregado físicamente ante la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado el próximo 15 de noviembre de 2026. Sin embargo, más allá del mero trámite burocrático, esta entrega representa el primer gran examen de control de daños, fiscalización y transparencia bajo la conducción del nuevo liderazgo interino.
La batuta operativa de este esfuerzo ha sido asignada a la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Yeraldine Bonilla Valverde. En una reunión de carácter urgente y privado celebrada en el Tercer Piso del complejo gubernamental, Bonilla Valverde convocó a la totalidad del gabinete legal y ampliado. La instrucción fue unánime, directa y carente de matices: todas y cada una de las dependencias estatales, desde las secretarías de mayor peso presupuestal hasta los organismos descentralizados, deben someter sus indicadores de gestión a un proceso riguroso de auditoría interna preliminar antes de plasmar las cifras en los borradores oficiales.
El contexto en el que se confecciona este informe es inédito en la historia política contemporánea de Sinaloa. La llegada de la gobernadora interina Domínguez Nava tras el relevo en el Poder Ejecutivo local obligó a una reconfiguración de las prioridades del Estado. Por ello, este Quinto Informe no se limitará a ser un espejo de las metas alcanzadas en los meses previos; tendrá que fungir como una bisagra explicativa que detalle cómo recibió la administración la nueva titular del Ejecutivo, qué programas se mantuvieron bajo criterios de continuidad institucional y cuáles áreas requirieron intervenciones o reingenierías de emergencia debido a las condiciones de seguridad y estabilidad social que imperan en la región.
Durante las mesas de trabajo técnicas, que comenzaron a sesionar de manera permanente, los secretarios de despacho recibieron carpetas de evaluación con criterios específicos de rendición de cuentas. Se priorizará la transparencia en el ejercicio del gasto público enfocado en programas sociales, infraestructura hospitalaria y los fondos destinados al fortalecimiento de las policías municipales y estatales. Fuentes internas del Ejecutivo señalaron que la consigna es “cero simulaciones”, sabiendo que la LXV Legislatura del Congreso local ejercerá una revisión sumamente minuciosa del documento.
Desde el Poder Legislativo, las diferentes bancadas políticas ya esperan el desglose presupuestal y operativo. Los diputados de la mayoría parlamentaria y la oposición han coincidido en que el ejercicio de glosa del informe —las comparecencias de los secretarios de Estado que ocurren de manera posterior a la entrega del documento— no será un día de campo. Los temas álgidos que concentrarán el debate político serán el destino de los subejercicios presupuestales, la efectividad del gasto en los municipios serranos y las partidas extraordinarias que se tuvieron que activar para mitigar los impactos económicos colaterales derivados de las contingencias de seguridad pública.
Con el reloj en contra, el gabinete estatal ha entrado en un periodo de “sesión permanente”. El aparato burocrático de Sinaloa se enfrenta al desafío de demostrar que el cambio de timón en el Ejecutivo no detuvo la marcha de las instituciones, y que la entrega del 15 de noviembre será el reflejo de un estado que busca certidumbre política, pulcritud administrativa y, sobre todo, legitimidad democrática ante sus ciudadanos.
