Las fracturas internas y el tablero de la sucesión anticipada
El impacto de esta investigación no solo es judicial, sino profundamente electoral y sistémico. El análisis de los columnistas y actores políticos locales coincide en que el “rochismo”, como corriente hegemónica dentro de la izquierda sinaloense, ha dejado de ser una garantía de estabilidad y comienza a ser visto como un lastre por sus propios aliados. Figuras notables de la política estatal han comenzado a tomar una evidente distancia sanitaria del grupo en el poder. La senadora Imelda Castro y la diputada María Teresa Guerra Ochoa (actual presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso) emergen en el escenario como las opciones naturales de relevo y estabilización institucional, mientras que otros perfiles, como Graciela Domínguez, han reafirmado su militancia partidista desmarcándose explícitamente de las lealtades grupales hacia el exmandatario.
“La política tiene una regla brutal: nadie se hunde con un proyecto que ya huele a naufragio”, señalan analistas locales al describir el vacío de poder percibido en Culiacán.
Mientras tanto, partidos de la oposición, liderados por el Partido Sinaloense (PAS), han aprovechado la coyuntura para cuestionar severamente las reformas de transparencia y la fiscalización de las cuentas públicas aprobadas durante el periodo de Rocha, acusando que se colocó “bajo llave” información financiera crucial que hoy podría estar ligada a las indagatorias federales. El desenlace de las comparecencias ante la FGR definirá si el estado avanza hacia una transición pacífica o si se encamina a una crisis institucional de pronóstico reservado.
