CULIACÁN, SIN. — La capital del estado de Sinaloa atraviesa uno de sus periodos más críticos en materia de orden público en lo que va del año. Durante las primeras tres semanas de mayo de 2026, la zona urbana ha sido escenario de una escalada de violencia que no solo se mide en homicidios, sino en una modalidad que mantiene en vilo al sector empresarial y comercial: el vandalismo de alto impacto y los ataques directos contra inmuebles mediante el uso de artefactos de fuerza mayor.
De acuerdo con reportes de colectivos civiles y el monitoreo de actividades delictivas en la región, Culiacán acumula al menos 22 ataques armados y actos de vandalismo explícito contra fachadas de viviendas y establecimientos comerciales en lo que va del mes. El suceso más alarmante y que encendió los focos rojos a nivel nacional ocurrió en el sector Tres Ríos, una de las zonas comerciales y residenciales de mayor plusvalía y dinamismo económico en la ciudad.
Un comando civil atacó un conocido casino de dicha zona utilizando artefactos explosivos —presumiblemente bombas de fabricación casera tipo Molotov y dispositivos de dispersión química acelerada—, provocando un fuerte incendio. El siniestro requirió el despliegue inmediato del cuerpo de Bomberos y elementos de Protección Civil, quienes lograron evacuar a aproximadamente 40 personas.
A pesar de los esfuerzos de rescate, el atentado cobró la vida de una mujer de 31 años en el sitio y dejó a dos personas más hospitalizadas con quemaduras de segundo y tercer grado. La comunidad empresarial, representada por organismos como la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), ha manifestado su profunda preocupación por las repercusiones económicas de esta ola delictiva.
Los líderes del gremio advierten que el constante hostigamiento a los comercios, el robo de vehículos —que tan solo en una jornada reciente sumó más de 20 unidades despojadas— y el riesgo inmanente de quedar atrapados en el fuego cruzado están paralizando la dinámica social de Culiacán. La parálisis parcial de actividades nocturnas y el cierre preventivo de locales comerciales reflejan el temor de una ciudadanía que exige garantías mínimas para trabajar y transitar por sus calles.
