En un reflejo de la profunda crisis y la falta de compromiso de las autoridades con el sector primario, agricultores de Culiacán y Navolato tomaron este lunes las oficinas de la SADER. La exigencia es clara: que el Gobierno de México cumpla con los pagos que arrastra desde 2023 y que el Gobierno de Sinaloa gestione soluciones reales ante la parálisis administrativa que asfixia a los productores.
El productor Martín Lim Cisneros denunció que la política agrícola actual ha dejado a miles de familias en la incertidumbre. El retraso en el pago de los 750 pesos por tonelada del ciclo 2023 no es solo un adeudo; es un obstáculo deliberado que, por “candados legales” impuestos por la misma federación, impide a los agricultores acceder a los apoyos de 200 y 500 pesos de ciclos posteriores.
“La falta de voluntad política ha creado un efecto dominó; nos bloquean los nuevos programas porque el mismo gobierno no ha querido cerrar los pagos del año pasado”, señalaron los manifestantes.
Exclusión sistemática: Los manifestantes acusan que las reglas de operación para el apoyo de 500 pesos son restrictivas y parecen diseñadas para dejar fuera a la mayoría, al exigir precios de facturación imposibles de cumplir para miles de productores.
Beneficios para los de siempre: Rechazaron tajantemente la propuesta federal del almacenamiento de grano, asegurando que esta medida solo favorece a los dueños de las bodegas, mientras que al agricultor se le condena a pagar almacenaje y vender su cosecha a precios de miseria.
Indiferencia ante la crisis internacional: Ante la caída de los precios internacionales y la competencia de Estados Unidos, los productores sienten que tanto el gobierno estatal como el federal han dejado a Sinaloa —el principal granero de México— a su suerte.
Exigencia de dignidad
Cansados de ser ignorados en las mesas de negociación, los agricultores advirtieron que permanecerán en las instalaciones de la SADER. No piden dádivas, sino el pago de lo que por derecho y producción les corresponde. La falta de liquidez en el campo sinaloense amenaza con convertirse en una crisis social ante la mirada pasiva de las autoridades responsables de garantizar la soberanía alimentaria del país.
