Más allá de la agenda de seguridad, un conflicto de índole socioeconómica ha comenzado a movilizar a los habitantes de Culiacán hacia las esferas del poder político. Decenas de usuarios y organizaciones civiles se manifestaron de forma enérgica en las inmediaciones del Congreso del Estado de Sinaloa para protestar en contra de lo que califican como cobros “desproporcionados y alterados” en los recibos de consumo de energía eléctrica emitidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La inconformidad ciudadana cobró relevancia en la tribuna legislativa cuando diputados locales de diversas fracciones parlamentarias, incluidos representantes del partido mayoritario, respaldaron públicamente las demandas de los afectados. Los manifestantes expusieron casos documentados en los que las tarifas de consumo doméstico registraron incrementos atípicos, llegando a reportarse facturas individuales de hasta 40 mil pesos en viviendas de sectores populares, una situación que los usuarios tachan de insostenible para la economía familiar.
El malestar social se agudiza ante el inicio de la temporada de altas temperaturas en la región, un periodo en el cual el uso de sistemas de refrigeración y aire acondicionado resulta indispensable para mitigar el clima extremo de la capital sinaloense. Los ciudadanos denunciaron que, a pesar de los convenios históricos de subsidio gubernamental para el estado (como la tarifa 1F), la fórmula de facturación aplicada por la paraestatal no refleja las condiciones reales de la población y carece de transparencia en sus lecturas.
Los manifestantes y los legisladores que respaldan la causa exigieron de manera formal la instalación de una mesa de diálogo permanente con la gerencia regional de la CFE y solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para auditar los medidores y revertir los cobros excesivos. Asimismo, se ha exhortado al Ejecutivo estatal a gestionar de manera urgente una ampliación y blindaje del subsidio eléctrico antes de que concluya el mes de mayo, advirtiendo que de no obtener una respuesta favorable, las movilizaciones y los bloqueos a las oficinas de la comisión irán en aumento en toda la geografía municipal.
