Culiacán, Sinaloa, a 06 de abril de 2026.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional expresó su rechazo al incremento en la tarifa del transporte público aplicado a nivel estatal, al considerar que se trata de una medida que impacta negativamente a las familias en todos los municipios sin garantizar mejoras reales en el servicio.
La diputada y coordinadora del PAN en el Congreso, Roxana Rubio Valdez, advirtió que este aumento no es un tema aislado, sino una decisión que afecta directamente a miles de sinaloenses en todo el estado.
“No estamos hablando de un problema local, es un aumento estatal que castiga por igual a las familias de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y cada rincón de Sinaloa. Hoy se les cobra más por un servicio que sigue siendo deficiente”, expresó.
Rubio Valdez señaló que el incremento refleja una falta de sensibilidad ante la situación económica actual, donde las familias enfrentan aumentos constantes en productos básicos.
“No se puede seguir trasladando el costo de la ineficiencia a los ciudadanos. Este aumento no viene acompañado de resultados, no hay mejoras visibles en unidades, rutas ni condiciones para los usuarios”, puntualizó.
Por su parte, el diputado Jorge González criticó la forma en que se tomó la decisión y cuestionó que primero se haya autorizado el aumento sin exigir cambios reales en el sistema de transporte.
“Primero debieron mejorar el servicio y después discutir cualquier ajuste. Aquí lo hicieron al revés: aumentan la tarifa en todo el estado con promesas que no tienen garantía de cumplirse”, afirmó.
El legislador panista insistió en la necesidad de establecer mecanismos de supervisión claros que obliguen a los concesionarios a cumplir con estándares de calidad.
“No vamos a permitir que decisiones que afectan a todo Sinaloa se tomen sin resultados ni transparencia. El transporte público debe ser accesible, seguro y eficiente, no un servicio cada vez más caro y cada vez peor”, agregó.
El Grupo Parlamentario del PAN reiteró que impulsará desde el Congreso del Estado acciones para exigir un sistema de transporte digno, con tarifas justas y mejoras reales para todas y todos los sinaloenses.
Culiacán, Sinaloa, a 1 de abril de 2026.- La presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Barajas Cortés, anunció que su partido presentará una segunda queja ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) en contra de la senadora Imelda Castro, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.
La dirigente estatal señaló que esta nueva denuncia se da en un contexto donde ya existe una queja previa que, acusó, no fue atendida con la exhaustividad y oportunidad que exige la ley, lo que coloca al órgano electoral en una situación de posible omisión frente a conductas reiteradas. En ese sentido, advirtió que Morena, de manera facciosa e ilegal, busca a toda costa proteger a la senadora para evitar que sea sancionada, mediante presión política al Instituto.
“Hoy no solo estamos ante posibles violaciones a la ley, sino ante la falta de actuación firme de la autoridad electoral frente a hechos evidentes y documentados”, advirtió.
Barajas Cortés explicó que, pese a la primera denuncia, la senadora ha continuado —de manera abierta— con una estrategia de posicionamiento anticipado rumbo al proceso electoral, mediante la realización de eventos, difusión de propaganda personalizada y entrega de diversos artículos con su nombre e imagen.
Detalló que entre las pruebas recabadas se encuentran la distribución de folletos, playeras, gorras, mochilas y otros utilitarios, así como la pinta de bardas, promoción en redes sociales, envío de mensajes SMS y la realización de eventos que implican un importante despliegue de recursos.
“La conducta no solo persiste, se ha intensificado. Estamos frente a una campaña permanente, sistemática y progresiva que vulnera la equidad en la contienda”, sostuvo.
La presidenta del PAN exigió al IEES que, a diferencia del procedimiento anterior, actúe con legalidad, sin dilaciones y con una investigación exhaustiva que permita frenar las conductas denunciadas.
Asimismo, hizo un llamado al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa para que resuelva sin criterios políticos el recurso de revisión interpuesto por el partido, relacionado con la resolución previa del Instituto.
Finalmente, Barajas Cortés condenó enérgicamente los hechos señalados y advirtió que no permitirán que se normalicen prácticas que atentan contra la equidad electoral.
“En Sinaloa debe haber piso parejo. Nadie puede adelantarse a la ley ni hacer uso indebido de recursos para construir una candidatura”, concluyó.
Ciudad de México, 21 de marzo de 2026.- En el marco del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), celebrado este sábado en la Ciudad de México, el presidente nacional del partido, Jorge Romero, designó de manera directa a la diputada local y coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de Sinaloa, Roxana Rubio Valdez, como integrante de la Comisión Permanente Nacional.
Dicha designación se realizó sin someterse a votación, lo que resalta la confianza y el reconocimiento a la trayectoria política y partidista de la legisladora sinaloense, al integrarla al máximo órgano de decisión dentro de Acción Nacional a nivel nacional.
La Comisión Permanente es uno de los espacios más relevantes del partido, donde se definen estrategias, posturas y líneas de acción en los temas más importantes del país.
Con este nombramiento, Roxana Rubio Valdez se suma a los pocos sinaloenses que han sido distinguidos para formar parte de este órgano nacional del partido, fortaleciendo la representación del estado en las decisiones de alto nivel dentro de Acción Nacional.
Al darse por enterada de este nombramiento, la legisladora expresó su agradecimiento por la oportunidad y el reconocimiento que representa esta designación.
“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a toda la militancia de Acción Nacional por la confianza, y de manera muy especial al presidente nacional, Jorge Romero, por esta designación directa que asumo con responsabilidad y compromiso”, señaló.
Asimismo, destacó que este nuevo encargo representa una oportunidad para seguir impulsando la participación de los estados en las decisiones nacionales del partido.
“Es un honor formar parte de la Comisión Permanente Nacional. Vamos a seguir trabajando con firmeza, defendiendo los principios del PAN y representando con dignidad a Sinaloa en este importante espacio”, afirmó.
Con este nombramiento, se fortalece la representación de Sinaloa en los órganos nacionales del partido, consolidando la participación activa de sus liderazgos en la vida interna de Acción Nacional.
Del derecho a la censura: violencia política de género y abuso de poder en el caso Negrete vs. Zermeño: La violencia política intrafemenina, como forma de violencia patriarcal de mujeres en el poder.
Palabras clave
Violencia política de género, libertad de expresión, privacidad, derecho electoral, abuso de poder, feminismo político.
La reciente resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el caso Negrete vs. Zermeño constituye un precedente clave en la delimitación de la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) en entornos digitales. El fallo no solo revoca una sanción basada en mensajes privados, sino que expone un fenómeno más profundo: la posible instrumentalización del derecho electoral como mecanismo de control político. Este artículo analiza la decisión desde una perspectiva constitucional, crítica y feminista, problematizando el uso expansivo de la VPMRG y sus implicaciones para la libertad de expresión, la privacidad y el equilibrio democrático.
cuando el derecho se vuelve herramienta de poder
En contextos democráticos contemporáneos, el derecho electoral ha dejado de ser únicamente un mecanismo de organización del poder para convertirse también en un campo de disputa política. El caso Negrete vs. Zermeño es paradigmático en este sentido: revela cómo categorías jurídicas diseñadas para proteger derechos —como la violencia política de género— pueden ser reconfiguradas y, eventualmente, instrumentalizadas.
La decisión de la Sala Superior, al revocar la sanción impuesta, no solo resuelve un conflicto individual, sino que fija límites al alcance del poder sancionador del Estado frente a la vida privada y la libertad de expresión. El caso: de lo privado a lo jurisdiccional
El conflicto surge a partir de la denuncia presentada por Almendra Negrete contra Emma Zermeño, derivada de mensajes emitidos en un chat privado de WhatsApp. Dichos mensajes, filtrados por terceros, fueron considerados inicialmente como constitutivos de violencia política de género. Sin embargo, el elemento central del caso radica en su naturaleza:
• Se trata de comunicaciones privadas
• No dirigidas directamente a la denunciante
• Sin difusión pública acreditada
• Obtenidas sin control judicial
La Sala Superior resolvió que estos elementos eran insuficientes para configurar una infracción electoral, particularmente al no existir afectación real a los derechos político-electorales de la denunciante. La decisión del Tribunal: límites al poder sancionador. Además la sentencia establece tres criterios fundamentales:
1. No todo conflicto entre mujeres es violencia política de género. El Tribunal reafirma que la VPMRG exige:
• afectación real al ejercicio del cargo
• impacto en derechos político-electorales
• un contexto que trascienda lo interpersonal
Esto impide que la categoría se diluya en conflictos privados o desacuerdos políticos.
2. La privacidad como límite constitucional:
El fallo reconoce que las comunicaciones privadas están protegidas por el marco constitucional, particularmente por el principio de inviolabilidad de las comunicaciones. Sancionar expresiones en chats privados implicaría abrir la puerta a un modelo de vigilancia incompatible con el Estado constitucional de derecho.
3. La invalidez de pruebas ilícitas:
Las capturas de pantalla obtenidas sin consentimiento ni autorización judicial fueron consideradas pruebas ilícitas, reafirmando el principio de legalidad en materia probatoria. El riesgo del punitivismo electoral
Más allá del caso concreto, la resolución permite identificar una tendencia preocupante: la expansión del derecho sancionador electoral bajo la bandera de la protección de derechos. Este fenómeno puede conceptualizarse como: punitivismo electoral de género, es decir, el uso de categorías de protección —como la VPMRG— para ampliar el control institucional sobre conductas que no necesariamente lesionan derechos fundamentales.
Violencia política intrafemenina: una categoría emergente
Desde una perspectiva feminista crítica, el caso también evidencia dinámicas de poder entre mujeres en el ámbito político. FUNDAMENTAL ES SEÑALAR CLARAMENTE QUE: No toda confrontación entre mujeres es expresión de patriarcado. En ciertos contextos, puede tratarse de:
• disputas por poder político
• control de narrativas
• uso estratégico de mecanismos institucionales
Esto abre la puerta a una categoría analítica relevante:VIOLENCIA POLÍTICA INTRAFEMENINA, donde mujeres con mayor acceso al poder institucional pueden activar mecanismos jurídicos contra otras mujeres en condiciones de menor poder.
¿Buen gobierno o abuso institucional?
El caso plantea una pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en su función de proteger derechos sin vulnerarlos? Desde la perspectiva del derecho al buen gobierno, la actuación estatal debe regirse por:
• legalidad
• proporcionalidad
• eficacia
• respeto a derechos fundamentales
Cuando el aparato institucional se utiliza para sancionar expresiones privadas, se corre el riesgo de transitar hacia formas de abuso de poder legitimado jurídicamente. En el caso de Morena y la lógica del poder que actualmente manejan: Hay una reflexión necesaria, sin caer en reduccionismos partidistas, el caso se inscribe en un contexto político más amplio donde actores vinculados al poder han sido señalados por:
• judicializar la crítica
• expandir categorías de violencia
• utilizar instituciones para proteger su imagen
Si bien es cierto, esto no es exclusivo de un partido, pero en el contexto actual resulta relevante analizar cómo el discurso de derechos puede convertirse en herramienta de control político. La resolución del TEPJF en el caso Negrete vs. Zermeño constituye un dique frente a la expansión del poder sancionador del Estado. El fallo entonces claramente es importante porque:
• protege la privacidad;
• salvaguarda la libertad de expresión;
• delimita el alcance de la violencia política de género.
Pero, sobre todo, deja una advertencia: Cuando el derecho se utiliza para sancionar la disidencia —aunque sea en privado— deja de ser instrumento de justicia para convertirse en mecanismo de control. En tiempos de polarización política y expansión del poder institucional, este precedente reafirma que la democracia no solo se defiende en las urnas, sino también en los límites que se imponen al poder.
En septiembre de 2017, tras los devastadores sismos que azotaron el centro y sur de México, Andrés Manuel López Obrador, entonces líder de Morena, lanzó una iniciativa que parecía noble: el fideicomiso “Por los demás”. Una cuenta en Banco Afirme (133121765, CLABE 06210001331217652) para recibir donaciones de militantes y ciudadanos, con una meta inicial de 103 millones de pesos. El dinero, prometía, se entregaría directamente a damnificados en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México. Un comité de figuras públicas —Laura Esquivel, Elena Poniatowska, Paco Ignacio Taibo II— avalaba la transparencia.
Los hechos contaron otra historia. El Instituto Nacional Electoral investigó y encontró irregularidades graves: más de 44 millones de pesos en efectivo (prohibido por el contrato y las normas electorales), depósitos “hormiga” sospechosos (28 transferencias de 50 mil pesos en apenas 20 minutos por operadores cercanos a Morena), y desvío de recursos hacia candidatos, legisladores y estructuras partidistas. El INE multó a Morena con 197 millones de pesos por financiamiento paralelo ilegal, dio vista a la FGR, SAT y CNBV por posibles delitos electorales, fiscales y de lavado. Aunque el TEPJF revocó parcialmente la sanción, la opacidad quedó como herida abierta: nunca hubo una rendición pública detallada, peso por peso, de la entrega directa a las víctimas.
Casi nueve años después, el 14 de marzo de 2026, el ahora expresidente reaparece en redes con un llamado similar, pero internacional. Invita a depositar en una cuenta de **Banorte** (1358451779, a nombre de la asociación civil **Humanidad con América Latina**) para ayudar al “pueblo de Cuba” ante lo que describe como intentos de “exterminio” por el bloqueo estadounidense. Los fondos comprarían alimentos, medicinas, petróleo y gasolina. La asociación, integrada por “ciudadanos, escritores y periodistas”, promete entrega directa.
El contexto es real: Cuba atraviesa una crisis energética y alimentaria extrema. México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ha enviado ya varios cargamentos humanitarios vía Armada (más de 3,000 toneladas reportadas hasta marzo 2026, con buques como el ARM Papaloapan y Huasteco llevando leche, frijol, medicinas e insumos). Díaz-Canel ha agradecido públicamente y negado que las donaciones se vendan en tiendas en divisas; el gobierno cubano afirma distribución a vulnerables con “triple auditoría”.
Sin embargo, el patrón genera escepticismo legítimo. Reportes independientes y denuncias en redes señalan que parte de la ayuda oficial mexicana termina en manos de estructuras militares o se comercializa en dólares, no llega gratis al pueblo. La nueva cuenta no es un fideicomiso político ni partidista, pero carece (hasta ahora) de mecanismos independientes de fiscalización pública. Nadie ha auditado aún los movimientos, y el antecedente de 2017 pesa: ¿qué garantiza que esta vez sea diferente?
La verdadera ayuda no se mide en declaraciones emotivas, sino en transparencia verificable: informes detallados, auditorías externas, publicación de beneficiarios.
En un país donde la desconfianza hacia las instituciones y los líderes es alta, pedir dinero sin rendir cuentas claras no es solo imprudente: es irresponsable. La solidaridad genuina no necesita vergüenza ajena ni olvido conveniente del pasado. Requiere hechos, no solo buenas intenciones. Porque, como en 2017, al final siempre queda la misma pregunta: ¿a dónde fue realmente el dinero?
Si no lo hace, el precedente jurídico de la VIOLACION GRAVÍSIMA AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL (porque viola la Sala Regional el artículo 12 de la Declaración UNIVERSAL de los derechos humanos).
La borrachera “morena” de poder está grave:
LOS DELITOS DE UN TRIBUNAL ELECTORAL.
El caso Zermeño López, el artículo 16 y la interpretación aislada como vicio metodológico.
El 25 de febrero de 2026, la Sala Regional Guadalajara del TEPJF (magistradas Barrera Amador, Cervantes Bravo y Guerrero Olvera) determinó, por unanimidad, que la ciudadana María Emma Zermeño López había cometido violencia política de género contra una diputada de Morena.
La prueba: capturas de pantalla de conversaciones privadas de WhatsApp donde Zermeño opinó sobre el desempeño de la legisladora. Las capturas fueron entregadas por el propio interlocutor, quien después se integró al equipo de la denunciante.
El Tribunal Electoral de Sinaloa resolvió correctamente. Dos veces. Declaró inadmisibles las capturas por la inviolabilidad de las comunicaciones privadas del artículo 16 constitucional. La Sala Regional lo revocó. Dos veces.
Pero la Sala Regional invocó la excepción del párrafo 16 del artículo 16 constitucional: la comunicación aportada voluntariamente por un interlocutor. Aisló ese párrafo de su contexto normativo. Leamos completo:
El artículo 16 regula la intervención de comunicaciones en el ámbito penal exclusivamente. La autorización la otorga un juez federal. A petición del Ministerio Público. Para investigar delitos. Y la excepción que la Sala invocó — la aportación voluntaria por un interlocutor — tiene un requisito textual ineludible: que la comunicación contenga “información relacionada con la comisión de un delito”.
¿Opinar en un chat privado sobre el desempeño de una diputada es un delito?
No. No lo es en ningún código penal del país. Es ejercicio de la libertad de expresión en su manifestación más protegida: la esfera íntima.
Si la conducta no es delictiva, el párrafo 16 del artículo 16 es inaplicable. La excepción no se activa. La comunicación es inadmisible. Y la sentencia es nula.
Lo que hicieron las magistradas tiene nombre técnico: extirparon un párrafo de su sede constitucional, suprimieron el requisito que lo condiciona, y lo aplicaron a un supuesto que la Constitución no prevé. Eso no es interpretar. Es legislar. Y cuando un juzgador legisla para sancionar a un ciudadano por pensar en voz alta con un amigo, la operación trasciende el error judicial y se adentra en el terreno de la responsabilidad.
Tres vías que deben explorarse:
1. Responsabilidad administrativa. Una resolución que conculca derechos fundamentales mediante una interpretación manifiestamente contraria al texto constitucional configura ejercicio indebido de la función pública.
2. Responsabilidad constitucional. El artículo 110 prevé el juicio político contra magistrados federales por actos que redunden en perjuicio de intereses públicos fundamentales. La anulación de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas para sancionar opiniones íntimas lo es.
3. Responsabilidad penal. Cuando la actuación jurisdiccional excede los márgenes de la interpretación razonable y se convierte en violación directa de garantías constitucionales, puede configurarse abuso de autoridad (art. 215 CPF). La independencia judicial protege al juzgador que interpreta dentro de lo razonable. No protege al que mutila la Constitución para fabricar una norma que no existe.
La independencia judicial no es un cheque en blanco. Es un escudo. Y un escudo no debe usarse como disfraz.
El artículo 16 no dijo: “Las comunicaciones privadas son inviolables, salvo que alguien las filtre.” No dijo: “salvo en materia electoral.” No dijo: “salvo que contengan opiniones que molesten a un legislador.”
Dijo: “Las comunicaciones privadas son inviolables.”
Si la Sala Superior cierra la puerta con el proyecto de De la Mata, Zermeño quedará sin recurso interno efectivo. Y el precedente estará sentado: en México, las conversaciones privadas pueden usarse para sancionarte si opinas sobre alguien con poder político.
Eso no es justicia electoral. Es vigilancia con toga. Y quienes la ejercen deben responder por ella.
Un juez federal otorgó una suspensión provisional a Diego Rivera, exalcalde de Tequila, medida que detiene temporalmente la apertura del juicio oral en su contra por el delito de delincuencia organizada.
Pese a este recurso legal, el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal del Estado de México aclaró que la resolución no implica la libertad del exfuncionario. Rivera permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social “Altiplano”, ya que la suspensión no tiene efectos sobre su situación jurídica actual ni sobre el régimen penitenciario al que está sometido.
Rivera fue capturado el pasado 5 de febrero junto a sus directores de Seguridad Pública (Juan Manuel “N”) y de Catastro (Juan Gabriel “N”).
La caída del edil morenista fue celebrada por los habitantes de Tequila, quienes denunciaron haber vivido bajo un régimen de extorsiones y abusos de autoridad durante más de un año.
La Fiscalía lo señala como presunto responsable del secuestro de Guillermo Cordero García y su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, ocurrido en marzo de 2021. Ambos eran, irónicamente, candidatos del mismo partido (Morena).
Culiacán, Sinaloa.— La coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Roxana Rubio Valdez, afirmó que el rechazo a la reforma electoral impulsada desde el oficialismo federal confirmó las advertencias que la oposición había señalado desde un inicio sobre los riesgos que representaba para la democracia mexicana.
La legisladora panista sostuvo que la propuesta promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum significaba un retroceso para las instituciones electorales y para el equilibrio democrático del país.
“La reforma electoral de Sheinbaum era un crimen contra la democracia. No buscaba fortalecer nuestras instituciones, sino debilitar los contrapesos y concentrar más poder en el gobierno”, expresó.
Rubio Valdez subrayó que el resultado de la votación terminó por darle la razón a la oposición, que desde el primer momento advirtió sobre las implicaciones de la iniciativa.
“Hoy quedó claro que la oposición tenía razón. Ni siquiera sus propios aliados confiaron en la reforma electoral de Morena”, señaló.
La coordinadora del PAN explicó que cuando una propuesta de este tamaño no logra respaldo ni dentro de la propia coalición gobernante, el problema no está en quienes la cuestionan, sino en la iniciativa misma.
“Cuando una reforma se cae por los votos del PT y del Partido Verde, el problema no es la oposición, es el propio gobierno. Morena no perdió por la oposición; perdió porque no pudo convencer ni a sus aliados”, afirmó.
Finalmente, Roxana Rubio consideró que el episodio dejó en evidencia una realidad política que Morena intenta ocultar.
“Si hasta sus socios votaron en contra, es porque la reforma no fortalecía la democracia. Lo que terminó exhibiendo este proceso es que la mayoría que presume Morena no es tan sólida como quieren hacer creer”, concluyó.
Que va a jugársela contra un equipo que es dueño del estadio, del balón, de la cancha y de los árbitros. Y todavía lleva acarreados al público..
Va contra candidatos que todo el tiempo estuvieron en campaña adelantada. Por lo tanto están en desventaja contra ellos. Contra gente que tiene el dinero de gobierno, de secretarias, de ayuntamientos, y de sus propios puestos..sin contar al C.O. Ademas del control de los programas sociales y las becas.
Fiscalías, tribunales, corte, gobierno, y el propio INE estarán inclinados a favor de ellos .. y si aún así deciden entrarle, es de admirarse. Porque irán contra corriente.
Y todavía falta que aún contra todo y le lleguen a ganar a los de morena…tengan presente que ellos están dispuestos a ganar con fraude o a costa de lo que sea. Así que no…nada fácil será ir en las próximas elecciones contra morena. Y si la oposición va dividida cada quien por su rumbo y fraccionan el voto, uufff. Y si a eso le sumamos una sociedad apática, temerosa y sin participación (abstencionismo). Pues será toda una faena quitarles el poder a los del poder. ¿Es imposible ganarle a morena entonces ? No, no es imposible..Pero tampoco debes pensar que será algo fácil.
El representante del PAN ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Edgardo Burgos Marentes, señaló en sesión del IEES que la resolución presentada sobre la queja interpuesta por Acción Nacional por promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña e indebida utilización de recursos públicos, en contra de la Senadora de Morena, Imelda Castro, deja un mensaje preocupante para la democracia: tal parece que hoy ya hay permiso para que los morenistas hagan lo que quieran y cuando quieran, sin consecuencias.
Burgos Marentes lamentó la resolución y reprochó que la autoridad electoral no investigó de manera exhaustiva, pese a que el PAN presentó evidencia de más de 100 bardas pintadas, además de actividades territoriales, publicaciones en redes, entrega de utilitarios y múltiples acciones que evidencian una estrategia de posicionamiento político ilegal, soportadas con más de 400 fotografías; por lo que consideró que la resolución del IEES sienta un precedente muy negativo y peligroso para la democracia sinaloense.
“Es un hecho notorio y ustedes lo saben, que la Senadora Imelda Castro ha implementado un despliegue progresivo y sistemático para posicionarse de manera indebida, sin embargo, argumentan que no estamos en vísperas de un proceso electoral y por lo tanto no dan por acreditada la infracción, por Dios, estamos a unos meses de que arranque el proceso electoral, o ustedes verdaderamente creen que la Senadora está haciendo todo lo que denunciamos para preparar su curriculum con el objetivo de solicitar trabajo en la iniciativa privada, o que es en preparación para emprender un pequeño negocio, no sean ingenuos, ni pretendan que lo seamos”, sentenció Burgos Marentes.
“Quisieron analizar los hechos por separado, de forma aislada, para no ver lo evidente: una estrategia anticipada de posicionamiento, de forma cínica y bochornosa, con un enorme dispendio de recursos”, dijo.
El representante panista también cuestionó que se pretenda deslindar a la senadora de las bardas con su propio slogan e iniciales.
“Nos dicen que ella no mandó pintarlas, entonces, ¿quién fue? ¿El Espíritu Santo?”, ironizó.
El Representante del PAN señaló múltiples deficiencias formales y substánciales en la resolución del procedimiento sancionador, empezando por reclamarles a las y los Consejeros Electorales que se tardaron 118 días en resolver el asunto de manera atípica y extraña.
